BRUSELAS 26 mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo ha dado este jueves su visto bueno al nuevo marco penal común en la UE para combatir la corrupción, culminando el acuerdo alcanzado previamente con el Consejo, que armoniza la tipificación de conductas ilícitas y las sanciones aplicables en todos los Estados miembro para reforzar su persecución.
La directiva, aprobada por 581 votos a favor, 21 en contra y 42 abstenciones, amplía el catálogo de conductas consideradas corrupción en toda la UE e incluye delitos como el soborno, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, la obstrucción a la justicia o el enriquecimiento ilícito, tanto en el ámbito público como privado.
El texto introduce además un sistema de penas máximas comunes en la UE para evitar grandes diferencias entre países y reforzar la lucha contra estas prácticas, especialmente cuando tienen carácter transfronterizo.
Con ello se busca garantizar que las sanciones no sean insuficientes y cerrar posibles lagunas en su aplicación, aunque los Estados miembro podrán mantener o adoptar normas más estrictas y adaptarlas a sus ordenamientos jurídicos.
También prevé medidas como multas, la inhabilitación para ejercer cargos públicos o la exclusión del acceso a contratos públicos y ayudas, así como sanciones para las empresas que podrán alcanzar entre el 3% y el 5% de su facturación global o importes de entre 24 y 40 millones de euros.
Asimismo, se establecen criterios comunes para determinar la jurisdicción de los Estados miembro en estos casos, incluidos supuestos en los que el delito se cometa en su territorio o el infractor sea nacional, así como situaciones en las que dicha competencia puede ampliarse, por ejemplo si el autor reside habitualmente en el país o la infracción afecta a uno de sus ciudadanos.
La reforma refuerza también la coordinación entre autoridades nacionales y organismos europeos como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Fiscalía Europea, Europol y Eurojust, así como el intercambio de información para mejorar la investigación de estos casos.
En paralelo, los países deberán adoptar y actualizar estrategias nacionales, realizar evaluaciones periódicas de riesgos en los sectores más expuestos y garantizar normas sobre integridad, conflictos de intereses y transparencia en la financiación política, además de contar con organismos independientes para prevenir estas prácticas.
Tras este paso, la directiva deberá ser adoptada formalmente por el Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Una vez en vigor, los Estados dispondrán de un plazo de hasta dos años para adaptar su legislación, con un margen mayor para algunas medidas específicas.
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